El tiempo corre: según una publicación de Transparencia Internacional, más de la mitad de los Estados miembros de la UE aún no han presentado proyectos legislativos para aplicar la Directiva de la UE 2019/1937 que protegerá a quienes denuncien infracciones de la legislación comunitaria. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Se trata de una cuestión insignificante? Difícilmente. Proteger a las personas que tienen el valor de denunciar infracciones no debería castigarse con represalias. Por desgracia, la realidad es diferente. Desde los escándalos de Snowden, el gasóleo o la carne podrida, la forma en que se trata a los denunciantes ha provocado que muchas personas no denuncien las infracciones sino que, por el contrario, las acepten y avancen hacia la jubilación de la forma menos dolorosa posible. Snowden tuvo que emigrar, el empleado que hizo público el vídeo de la cantina durante la pandemia de COVID19 en el conocido matadero fue despedido sumariamente. El camionero que denunció el reetiquetado de carne podrida fue expulsado de la empresa.
Las tristes y profundamente conmovedoras historias de los denunciantes, y el sufrimiento que experimentaron ellos y sus familias, podrían llenar bibliotecas enteras. Y, sin embargo, los Estados miembros se niegan a legislar. ¿Será porque temen la carga administrativa? ¿O porque tendrían que desviar dinero no destinado a este fin de otros departamentos o porque tendrían que hacer frente a las inevitables consecuencias tras la publicación de los informes? ¿O es el lobby de empresas privadas y poderosas que quieren seguir resolviendo sus problemas a su manera? Muchas preguntas que preocupan a los gobiernos de los Estados miembros afectados. ¿Y qué hará la Comisión Europea si los Estados miembros no se deciden a aprobar una ley en este sentido?
Queda por ver cómo resolverán este dilema la sociedad y la política.
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