El nuevo borrador de la Ley de Protección de los Denunciantes, fechado el 24 de marzo de 2022, se queda corto respecto a una posible aplicación más amplia como en Francia, por ejemplo. Se espera que la ley se apruebe en junio y entre en vigor a finales de 2022.
En el primer análisis del anteproyecto, destacan la falta de apoyo financiero al denunciante, la ausencia o la vaguedad de la definición de los requisitos previos para obtener la condición de denunciante, la falta de protección de las personas jurídicas (sin ánimo de lucro) que podrían apoyar al denunciante y la falta de inversión de la carga de la prueba para los partidarios que hayan sufrido represalias.
han sufrido represalias. Además, los sujetos obligados no tienen que crear oficinas de denuncia anónima, algo que la experiencia demuestra que es esencial para la protección del denunciante en la mayoría de los casos de denuncia de irregularidades. Además, corresponde al denunciante determinar cuándo y si es responsable o incluso punible por obtener y transmitir información, y no está protegido por la Ley de Protección de los Denunciantes. La línea roja se convierte en un problema legal y cruzar la línea roja se convierte en un riesgo para el denunciante.
Lea el resumen de 5 páginas para saber qué obligaciones y riesgos existen y cómo puede hacerles frente.
