Desde diciembre de 2020, el proyecto de ley sobre la aplicación de la Directiva de la UE 2019/1937 -la protección de las personas que hayan denunciado infracciones de la legislación de la UE de 23 de octubre de 2019 (la "Directiva de la UE sobre los denunciantes")- ha sido debatido por los partidos gobernantes. En el proyecto de Ley de Protección de los Denunciantes, abreviado como "Ley de Protección de los Denunciantes", se implementan y amplían los requisitos de la Directiva de la UE sobre Denunciantes.
La legislación nacional no sólo protege a las personas que denuncian infracciones de la legislación de la UE, sino también a las que denuncian infracciones de la legislación nacional, como el derecho penal o las infracciones administrativas. El círculo de personas obligadas no se ha ampliado. Las partes obligadas de los sectores privado y público nombradas en la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades están obligadas a implantar un sistema de denuncia de irregularidades que cumpla los requisitos de la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades.
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Existe un periodo de transición de dos años para las pequeñas empresas de 50 a 249 empleados. Por tanto, se anima a las organizaciones privadas y públicas a establecer un sistema de denuncia de irregularidades, sobre todo porque su aplicación requiere tiempo y recursos. Entre otras cosas, habrá que redactar y adoptar un acuerdo de empresa y una política de protección de los denunciantes.
Las empresas que operan a escala internacional también deben lidiar con las leyes locales de sus sucursales y filiales, encontrar una regulación uniforme en todos los ámbitos y planificar un despliegue bien meditado. Muchos actores operan en un territorio desconocido y dependen del apoyo externo. Los defensores del pueblo y los expertos independientes son especialmente necesarios para aplicar correctamente el sistema de denuncia de irregularidades y para comercializarlo suficientemente. Los mensajes de arriba abajo son importantes a efectos de marketing y para aumentar la confianza del personal en el sistema de denuncia de irregularidades. Si no hay confianza, no se denunciarán las infracciones a pesar del esfuerzo y el coste de un sistema de denuncia de irregularidades. Se trata de un dilema que no beneficia ni a los empresarios ni a los trabajadores. Comparta sus experiencias y su opinión al respecto.
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