Las palabras introductorias del acuerdo de coalición 2021-2025 firmado el
7 de diciembre de 2021 por el SPD, el FDP y los Verdes del designado canciller Olaf Scholz dan esperanzas:
"NO NOS PREOCUPA UNA POLÍTICA DEL MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR, SINO UNA POLÍTICA DE GRAN EFECTO. QUEREMOS ATRER MÁS PROGRESO " (Olaf Scholz,SPD.de, 26.11.2021)
Esto también se aplica a la protección de las personas que denuncian infracciones y conductas indebidas (denunciantes). La obligación de crear un canal de denuncia interno se basa en el proyecto de ley del Ministerio Federal de Justicia y Derechos de los Consumidores de Alemania del 26 de noviembre de 2020.
El proyecto de ley no se limitaba a las violaciones de la legislación de la UE, sino que ampliaba la protección de los denunciantes a las denuncias (sospechosas) de violaciones de la legislación nacional.
El acuerdo de coalición sigue la línea del proyecto de ley, pero se limita a "infracciones significativas de la normativa u otras faltas importantes cuyo descubrimiento sea de especial interés público". Sigue siendo responsabilidad del denunciante determinar si el hecho constituye una infracción "significativa" y puede ser de interés público.
Las empresas, organizaciones y autoridades afectadas con más de 50 empleados, así como los municipios y comunidades con más de 10.000 habitantes, deben informarse sobre las posibilidades de establecer canales internos de información.
La experiencia demuestra que se requiere un tiempo de preparación para la puesta en marcha de estos canales de información, que puede durar hasta tres meses en función de la complejidad de las estructuras. La fase de implantación incluye la creación de directrices y procedimientos internos, registros de tratamiento de datos, condiciones de uso y políticas de privacidad.
Además, es aconsejable informar a los empleados sobre sus derechos y obligaciones, así como sobre los canales de denuncia disponibles.
Además de multas de hasta 100.000 euros, las reclamaciones por daños y perjuicios y los daños a la reputación son posibles consecuencias de no aplicar la futura Ley de Protección de los Denunciantes. El riesgo de denuncias externas es aún mayor si no existen canales internos de denuncia fiables.
Según el proyecto de ley, Sección 7 (1), los denunciantes son libres de ponerse en contacto con una oficina de denuncia interna o externa de la empresa para informar de irregularidades/violaciones o sospechas de las mismas. También debe garantizarse la protección contra las represalias en caso de denuncia externa.
Factores como el tono de la cúpula y la confianza en la protección de los denunciantes desempeñan un papel esencial a la hora de elegir el canal de denuncia adecuado. La tolerancia cero con la que se aclaran internamente las infracciones denunciadas y los informes de actividades sospechosas es un factor importante para generar confianza.
