Las empresas, organizaciones y autoridades afectadas con más de 50 empleados, así como los municipios y comunidades con más de 10.000 habitantes, deben informarse sobre las posibilidades de establecer canales internos de información.

La experiencia demuestra que se requiere un tiempo de preparación para la puesta en marcha de estos canales de información, que puede durar hasta tres meses en función de la complejidad de las estructuras. La fase de implantación incluye la creación de directrices y procedimientos internos, registros de tratamiento de datos, condiciones de uso y políticas de privacidad.

Además, es aconsejable informar a los empleados sobre sus derechos y obligaciones, así como sobre los canales de denuncia disponibles.

Además de multas de hasta 100.000 euros, las reclamaciones por daños y perjuicios y los daños a la reputación son posibles consecuencias de no aplicar la futura Ley de Protección de los Denunciantes. El riesgo de denuncias externas es aún mayor si no existen canales internos de denuncia fiables.

Según el proyecto de ley, Sección 7 (1), los denunciantes son libres de ponerse en contacto con una oficina de denuncia interna o externa de la empresa para informar de irregularidades/violaciones o sospechas de las mismas. También debe garantizarse la protección contra las represalias en caso de denuncia externa.