La Ley de Protección de los Denunciantes nº 93/2021 fue publicada por el Parlamento de Portugal el 20/12/2021. Según el artículo 31 de la ley, entrará en vigor 180 días después de su publicación. Es decir, a partir de mediados de junio de 2022, se aplicarán las disposiciones correspondientes.
Inmediatamente después de su entrada en vigor, las disposiciones se aplicarán a las empresas con más de 50 empleados. Por consiguiente, en Portugal no existe un periodo transitorio de dos años para las empresas con entre 50 y 249 empleados.
Además de las denuncias contra la legislación de la Unión, los posibles denunciantes también están protegidos por la ley si denuncian infracciones de la legislación nacional. Entre ellas se incluyen los delitos contemplados en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley nº 5/2002, de 11 de enero de 2002, sobre medidas de lucha contra la delincuencia organizada y la delincuencia económica.
Las empresas que no apliquen la ley se enfrentan a multas de entre 1.000 y 125.000 euros. La Agencia Nacional Anticorrupción se encarga de revisar y recaudar las multas.
La Ley portuguesa de protección de losinformantesinformantes impone ciertas condiciones a la utilización de un organismo de denuncia externo, nombrado en las letras a) a e) del artículo 7, creando así obstáculos que el informantedebe conocer. Si, a pesar de todo, el denuncianteinforma externamente, deberá demostrar, conforme al artículo 6 nº 3, que no tenía conocimiento de los requisitos y que esta falta de conocimiento no fue culpa suya personal. Se aconseja a las empresas que formen a sus empleados internamente para informarles sobre los requisitos y reducir el riesgo de un informe externo.
El artículo 21 enumera las medidas que constituyen represalias contra el denunciantey de las que debe abstenerse. Hasta dos años después de la denuncia, se supone que todas las medidas enumeradas contra el denunciante están relacionadas con la denuncia original. Qué ocurre después de los dos años y si la carga de la prueba recae en el denunciante o en la empresa queda abierto.
La legislación portuguesa difiere de la Directiva de la UE en lo que respecta a la recepción de denuncias anónimas. Según el artículo 10 nº 1, los canales internos de denuncia deben permitir la recepción de denuncias anónimas.
Con la plataforma Smart Integrity de DISS-CO, las empresas pueden aplicar la ley en Portugal por tan sólo 50 euros al mes y permitir que los empleados y las partes externas informen de forma anónima y confidencial de una manera fácil de usar y conforme al GDPR. Lea aquí sobre las numerosas características y ventajas de la plataforma Smart Integrity.
Haga clic en aquí para la ley original portuguesa sobre la protección de los denunciantes.
