La Ley nº 2016-1691 de 09 de diciembre de 2016 (la llamada Ley Sapin II) sobre la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica creó una base uniforme de protección para los denunciantes en Francia. Sirvió para detectar y prevenir la corrupción mediante una mayor gobernanza. Esta ley ha sido complementada por la Ley de Mejora de la Protección de los Denunciantes de 21/03/2022 para considerar los requisitos de la Directiva de la UE 2019/1937 de 23 de octubre de 2019. La llamada Ley de Protección de los Denunciantes entrará en vigor antes de finales de 2022.
Los denunciantes pueden transmitir o comunicar informaciones obtenidas en el ejercicio de su actividad profesional. Éstas deben referirse a hechos que hayan ocurrido o que sea muy probable que ocurran en la organización en cuestión.
Los requisitos previos para denunciar o transmitir una infracción son que el denunciante haya actuado de buena fe y tenga una razón legítima para creerlo. Además, la denuncia debe ser necesaria. Debe aclararse qué significa esto en cada caso y en términos concretos.
Una característica especial es el estatus oficial de denunciante tras la presentación de una solicitud. Este llamado certificado de denunciante facilita el acceso a recursos financieros y una mejor protección jurídica para los afectados.
Además, el denunciante no puede ser considerado responsable civil o penalmente por transmitir documentos confidenciales a una oficina de denuncia externa. La elección entre la denuncia interna o externa depende del denunciante. Los requisitos previos son la buena fe y la obtención legal de los documentos.
Los partidarios, personas físicas (parientes o colegas), así como las personas jurídicas sin ánimo de lucro (sindicatos o asociaciones), que ayudaron a denunciar o transmitir la violación también deben estar protegidos contra las represalias. ¡Una disposición muy importante!
Un catálogo de más de 15 puntos enumera otras medidas de represalia (represalias) a las que no deben someterse los denunciantes. Entre ellas se incluyen la intimidación y el daño a la reputación, especialmente en los medios sociales.
Cabe destacar que el denunciante puede reclamar al demandado un anticipo para compensar, por una parte, los gastos del procedimiento y, por otra, los gastos derivados de su pérdida de ingresos. La concesión se decidirá en un procedimiento sumario. Queda abierta la cuestión de cómo se compensarán represalias como el daño a la reputación.
En nuestra opinión, Francia es el país que mejor ha aplicado la directiva de la UE hasta ahora. Los demás Estados miembros poderosos de la UE, que llevan mucho tiempo incumpliendo deliberadamente el plazo de aplicación, deberían tomar ejemplo de Francia en este sentido.
Lea más sobre las posibles soluciones para hacer frente a la nueva ley de protección de los denunciantes en Francia.
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